Operación Soberanía u Operativo afianzamiento de la soberanía fue el nombre en clave del plan de invasión a la República de Chile que Argentina planificó ejecutar en los últimos días de diciembre de 1978, pero que fue suspendido en el último momento por la intervención del papa Juan Pablo II.

Para solucionar el litigio por la soberanía de las islas y los derechos marítimos en el área del canal Beagle, Argentina y Chile acordaron en 1971 recurrir al arbitraje del Gobierno del Reino Unido, árbitro formal establecido en el Tratado General de Arbitraje del 28 de mayo de 1902, pero que solo podía aceptar o rechazar el fallo de un tribunal nombrado de común acuerdo entre ambos países. Basándose en el derecho internacional, los jueces dictaron sentencia el 22 de mayo de 1977, asignando las islas Picton, Nueva y Lennox a Chile. El 25 de enero de 1978, el gobierno argentino declaró el laudo arbitral «insanablemente nulo»^[1]​ y movilizó su poderío militar para obligar a Chile a dejarlo de lado y negociar una solución al conflicto más favorable a la posición argentina. Al no lograr ese objetivo por la vía negociada, Argentina planificó una guerra de agresión contra Chile.^[2]​^[3]​^[4]​^[5]​^[6]​^[7]​^[8]​^[9]​^[10]​^[11]​^[12]​^[13]​

La situación chilena parecía bastante desventajosa. Frente a un país que casi lo triplicaba en el número de habitantes, con un ingreso per cápita mayor Chile enfrentaba, además, a raíz de los atentados a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, una negación a la venta de armas de parte de sus proveedores tradicionales, Estados Unidos de América y Europa Occidental, lo que dificultaba aún más la ya compleja tarea de resguardar su territorio, debido a su propia geografía.